Abog. Yamila Osorio Delgado
Lima no es el Perú, y desde Lima no se puede legislar sin conocer la realidad de nuestras Regiones. Esta quizás sea una de las primeras reflexiones que cabe hacer después de una jornada de protesta cuyo origen es necesario mencionar.
No avalo ni defiendo a la minería informal, al contrario, considero que el proceso de formalización es urgente y necesario, como una oportunidad para mejorar la calidad de vida de casi un millón de personas que se dedican a la pequeña y minería artesanal informal en nuestro país (aproximadamente cincuenta mil para el caso de Arequipa). Y por tanto, para reducir o mitigar los impactos negativos que dicha actividad genera en el ambiente y en la salud de las personas que lo realizan, pero también para incrementar nuestra recaudación que trascienda en la realización de proyectos que durante muchos años vienen siendo postergados en los distritos en cuyas jurisdicciones se desarrolla la extracción informal de minerales. Tengo presente a Secocha del distrito de Mariano Nicolás Valcárcel de Camaná, que no cuenta con agua ni desagüe, que para llegar a este lugar en época de avenidas de los ríos debemos de cruzar en andarivel el Ocoña, y que el camino vecinal que nos conduce de Ocoña hasta este punto, creo con temor a equivocarme es uno de los que en peores condiciones se encuentra a nivel regional.
El proceso de formalización no es un tema novedoso sobre el que recién se esté trabajando. Antes de la emisión de los diferentes decretos legislativos que se han emitido en esta materia, los Gobiernos Regionales –probablemente no muchos- han venido intentando, conforme a sus competencias transferidas en pequeña minería y minería artesanal, lograr el objetivo de insertar a la formalización a los miles de mineros que desarrollan esta actividad. Para el caso de Arequipa, se emitió en el 2008, la Ordenanza Regional 038, que incide en esta materia, y producto de la cual básicamente se logró desarrollar mesas de trabajo y jornadas de sensibilización y capacitación en los asentamientos mineros de la Región, sin obtener mayores resultados, por una sencilla razón o lo que le denomino el cuello de botella para pasar a la formalización: la mayor parte de los cerros donde trabajan los mineros artesanales están concesionados por empresas, con cuyos titulares ha sido imposible llegar a acuerdos para la celebración de contratos de explotación que permita pasar a la formalización (a pesar, que informalmente, los mineros cumplen obligaciones ante los titulares), y que como se sabe, en muchos casos las condiciones que establecen para la negociación resulta insostenible, poco equitativa y desalentadora para continuar.
Sin embargo, pese a esta realidad, sorprende al sector minero informal y también a los Gobiernos Regionales, que a fines de febrero se emitan una serie de decretos legislativos totalmente confusos que en nada solucionaban la problemática del sector.
Se estableció las mismas disposiciones para la minería informal y para la minería ilegal, que son diferentes, en tanto la primera se desarrolla en zonas aptas para esta actividad, y la segunda, en zonas no permitidas para hacer minería como zonas de reserva, santuarios nacionales, centros históricos, zonas de amortiguamiento, zonas arqueológicas, etc.
No se legisló sobre lo que he denominado el cuello de botella anteriormente, y más bien diría se empodera la posición del titular de la concesión minera sobre los propiamente dichos mineros informales, empeorando las condiciones para negociar y arribar a acuerdos que durante años no se ha podido lograr.
De otro lado, dichos decretos legislativos, contradictorios a toda política de inclusión social que lleva como bandera este gobierno, pretenden de la noche a la mañana formalizar a miles de personas, anulando la actividad que hasta ese entonces venían desarrollando: era imposible no solo comercializar el oro, sino también adquirir los insumos para su procesamiento y, otros, que finalmente se tradujeron en la desesperación de quien se ve privado repentinamente de su fuente de ingresos para sobrevivir. No se puede repentinamente, arrojar a las calles, a miles de familias que aun con su actividad informal, forman parte de la economía de nuestro país (la minería artesanal informal es un problema socioeconómico que genera un alto auto empleo directo e indirecto a raíz de la violencia política que tiene sus inicios desde los años 1980, incrementando esta actividad los despidos masivos de los trabajadores que se dio en el fujimorismo desde el año 1992 al 2001). Todo intento de formalización, supone un proceso progresivo e inclusivo.
Estas y otras observaciones, inmediatamente llevó al reclamo del sector minero informal, al cual evidentemente, también se sumaron los Gobiernos Regionales, no solo por tener la competencia en la materia, sino porque éramos conscientes de la necesidad de mejorar dichos decretos legislativos a fin de ajustarlos a la realidad de la región, sobre la cual el Gobierno Nacional, debió consultar y coordinar con quienes tenemos la competencia en esta materia, como acto previo y necesario a la emisión de los mencionados decretos legislativos que en nada resolvían la informalidad.
Es así, que iniciamos diversas mesas de diálogo con representantes del sector minero informal, funcionarios de los Ministerios de Energía y Minas, del Ambiente y Presidencia del Consejo de Ministros, y asimismo, sus equivalentes del Gobierno Regional, a los cuales acompaño en condición de Presidenta de la Comisión de Prevención y Solución de Conflictos del Consejo Regional, y Consejera Regional de una de las provincias en cuya jurisdicción se desarrolla la minería informal.
Como resultado de las referidas mesas de diálogo, se emite el Decreto Legislativo 1105, el mismo que ya considera al titular de la concesión minera, y de alguna manera busca superar algunos obstáculos en la negociación para la celebración de contratos de explotación u otros entre el titular y los mineros informales, como condiciones necesarias para iniciar el proceso de formalización. No obstante, haber mejorado los decretos legislativos iniciales, se hace mutis sobre el principal reclamo del sector: la libre comercialización del oro y adquisición de insumos para procesarlo. Hasta antes de la huelga minera, ya habían transcurrido casi dos meses sin que se incida sobre este reclamo fundamental, que luego pasó a ser una bomba de tiempo, alimentando la desesperación de los miles de afectados.
Como Gobierno Regional, se intercedió y se insistió en la necesidad de legislar sobre la libre comercialización del oro. El Presidente Regional de Arequipa, Dr. Juan Manuel Guillén, luego de la reunión sostenida con dirigentes del sector minero informal el pasado sábado 05 de mayo, ofició a la PCM y al Presidente de la República a fin de que se acoja este pedido, exhortando al sector minero a mantener el diálogo y la calma, y a continuar trabajando propuestas legislativas complementarias a las existentes a través de las mesas de diálogo, para lo cual se acreditaron representantes por cuencas. Sin embargo, pese a estos compromisos, explotó la huelga, cuyo desenlace conocemos, y que me permito detallar a continuación:
DIA 1: Miles de mineros informales bloquean la carretera panamericana en los sectores de Alto Siguas, Ocoña, Chala y Yauca, sumándose mineros de Ayacucho.
DIA 2: No obstante la emisión del D.S. 012-2012 en este día, sobre libre comercialización del oro (evidentemente por presión, más que por decisión que debió llevarlos a su emisión con mucha anterioridad), las carreteras permanecieron bloqueadas. El decreto no satisfizo el reclamo del sector y entretanto, dirigentes mineros pugnaban en Lima por una reunión con los Ministerios involucrados y la PCM, desde hace días atrás. Por nuestra parte, retomamos las reuniones en la mesa de diálogo a fin de analizar el nuevo Decreto Supremo y otras alternativas complementarias, exhortando a retomar el diálogo. Sin embargo, se empezó a evidenciar la crisis de representación, asistiendo solo uno de los representantes acreditados.
Este mismo día el Presidente del Consejo de Ministros, manifestó un NO al DIALOGO, en tanto las CARRETERAS PERMANECIERAN BLOQUEADAS.
Ante esta situación y la evidencia del gran conflicto que se podía agudizar, por un escenario con posturas decididas tanto del sector minero informal que no declinaba en su medida de protesta y el Gobierno que se resistía al diálogo mientras duraba la huelga, recibo la llamada de un dirigente minero del grupo que tomó el puente Ocoña a fin de tratar de convencer a la muchedumbre que mejor era el diálogo a los enfrentamientos que podían suscitarse con las fuerzas policiales y los miles de pasajeros varados; o demostrarle al Gobierno, que ante la negativa firme de los huelguistas, mejor era retomar el diálogo y ceder, como medida necesaria para evitar desenlaces con pérdidas invalorables. Es así que solicito la intervención del Defensor del Pueblo, y de funcionarios de las Gerencias de Energía y Minas y de la Autoridad Regional del Medio Ambiente a fin de apersonarnos a cada punto de conflicto con los objetivos mencionados.
DIA 3: En horas de la mañana acompañada de los funcionarios del Gobierno Regional, llegamos al Alto Siguas. El Defensor del Pueblo nos daría el alcance. En este sector, pudimos lograr dialogar con diez dirigentes mineros representantes de las provincias de Caylloma y Condesuyos, con los cuales luego de un diálogo prolongado, comunicación directa con la PCM,- cuyo Presidente del Consejo de Ministros me garantizó atenderlos inmediatamente después del desbloqueo- y un cuarto intermedio, logramos que aceptaran desbloquear la carretera a condición que Ocoña y Chala aceptarán lo mismo, con lo cual se acreditarían 4 representantes por sector en conflicto, y la cita con los Ministros se diera de manera inmediata en Arequipa.
Ante este avance, emprendimos el viaje a Ocoña. El Defensor del Pueblo nunca llegó y hasta ahora desconozco las razones.
En el transcurso del viaje, recibí llamadas telefónicas de funcionarios del Ministerio de Energía y Minas que habían llegado a Arequipa debido al conflicto, y que nos dieron el alcance en Ocoña, decidiendo que mejor era que el Gobierno Regional agotara los medios para restablecer el orden, mediante el diálogo con los representantes mineros.
Es así, que nos acercamos a los huelguistas, pedimos la acreditación de representantes para establecer el diálogo, como en efecto habíamos procedido en el Alto Siguas, a lo que nos manifestaron que sus representantes se encontraban en Lima. En este sentido, al no haber representatividad en el lugar, la multitud de huelguistas nos encargó transmitir su exigencia de suspensión de los decretos legislativos, al Gobierno Nacional, sin dar marcha atrás en su medida de protesta.
Frente a este panorama, con la favorable presencia de funcionarios del Ministerio de Energía y Minas en Ocoña, logramos que se atienda a los dirigentes que se encontraban en Lima, mediante coordinaciones telefónicas.
Es así que la PCM, decide abrir las puertas al diálogo y sentarse a negociar con la representación en Lima, lo cual termina con la suscripción de un Acta de Compromisos, que debía significar el desbloqueo inmediato de carreteras; sin embargo, la desconfianza era tal en los huelguistas que solo decidieron dar una tregua hasta mediodía del día siguiente, condicionando el desbloqueo definitivo a la emisión de una Resolución Ministerial que reconociera el Acta suscrita e instalara la Mesa de Trabajo que debe ahora proponer las medidas legislativas en materia de cada uno de los puntos plasmados en el acta de compromisos.
DÍA 4: Nuevamente nos constituimos a Ocoña. Mantuvimos el contacto telefónico como el día anterior con dirigentes de Chala y del Alto Siguas, y asimismo permanecimos en la zona de conflicto con los Generales Gamarra y Fajardo de la PNP que también se constituyeron a Ocoña, desde nuestra primera visita, el día 3.
La crisis de representación del sector permaneció hasta el final. De Chala me manifestaron que era pedido unánime y que no había sido transmitido por los dirigentes en Lima, la inclusión en las mesas de trabajo con la PCM, de la búsqueda de mecanismos legales adicionales, que propicien la negociación de los titulares de las concesiones mineras con los mineros informales, en condiciones justas, equitativas y sostenibles.
Con esta posición, pude conversar telefónicamente con el Vice Ministro de Minas, Guillermo Shinno, a fin de que se acoja este pedido que Chala consideraba necesario para desbloquear la carretera. Manifestándome el mismo, que el Ministerio asistiría a las negociaciones de los mineros con los titulares de concesiones, y que en la reunión de instalación de la mesa de trabajo que tenían con los dirigentes en Lima a las 14.00 hrs., se entregaría inmediatamente la Resolución Ministerial que reconocía el Acta de Compromisos.
A horas 12.30, en Ocoña nuevamente se bloqueó la carretera, a diferencia de Chala que decidió esperar la Resolución Ministerial mencionada, manteniendo la carretera desbloqueada. Sin embargo, al momento de iniciarse la reunión de los Ministerios con los dirigentes en Lima, para instalar la mesa de trabajo, nuevamente recibí una llamada de Chala, cuestionando que entre los dirigentes que habían ingresado a la reunión no se encontraba ninguno que representara a Chala (nuevamente se manifiesta la crisis de representación), a diferencia de la reunión del día anterior, con lo cual nuevamente bloqueaban la carretera en tanto no se incluyera al dirigente Taype como uno de sus representantes.
Con las carreteras de Ocoña y el Alto Siguas desbloqueadas, y este último cuestionamiento, a través de los Generales que en todo momento me facilitaron la comunicación con Lima, finalmente logramos transmitir y mediar en este último pedido que fue atendido con la inclusión en la reunión, del representante que reclamaba Chala, reportándonos minutos después que ante esta aceptación, finalmente Chala procedía al desbloqueo definitivo.
Después de esta jornada de conflictos, me permito concluir diciendo que la huelga no hubiera procedido si las observaciones a las normas de parte de los mineros informales y del Gobierno Regional hubieran sido atendidos a la brevedad, sin mayores postergaciones, pero más aún, se hubiera evitado, si el Gobierno Nacional no hubiera actuado con gran hermetismo, obviando establecer puentes de coordinación intergubernamental en esta materia con los Gobierno Regionales, que sí habían venido trabajando en materia de formalización minera.
En adelante, fortalezcamos las relaciones de coordinación intergubernamental y trabajemos por erradicar esa práctica habitual en nuestro país, que solo con protestas se logran resultados.
Abog. Yamila Osorio Delgado
Consejera Regional de Camaná
Gobierno Regional de Arequipa
CEDEM 